El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, suspendió una medida del presidente Javier Milei y le ordenó la inmediata reincorporación de correntinos que fueron dados de bajo en el programa Potenciar Trabajo, en una causa judicial iniciada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá.
La orden judicial fue a la ministra Sandra Pettovello quien deberá dejar sin efecto la suspensión del programa para estas personas que se presentaron con Cubilla Podestá.
El Dr Cubilla Podestá, en comunicación con FM Universo dijo «que en el mes de enero, la Ministra de capital humano, Licenciada Sandra Pettovello, por órdenes del Presidente Milei, tomó la decisión de dar de baja a 4.500 personas a lo largo de todo el país del Potenciar Trabajo, específicamente 518 de Corrientes, aduciendo que estas personas eran defraudadoras del estado y que tenían puestos en el Gobierno de la Provincia y que justamente por eso estaban imposibilitadas de cobrar el Potenciar Trabajo. Esas personas vieron sus nombres publicados por todos los medios nacionales, los escracharon y ninguno
de ellos estaba como empleado público de la provincia, ni cobraba pensión, ningún beneficio de la provincia, estaban cobrando como correspondía el plan. Los escracharon, los expulsaron, los dejaron de pagar sin previo aviso, por una decisión de un presidente que todos vemos como se maneja claramente» dijo.
«El Potenciar Trabajo es la mitad de un salario mínimo vital y móvil, en realidad lo que sirve es para complementar los ingresos qe ellos tienen del ámbito privado que les cuesta llegar a fin de mes», agregó.
«En el día de ayer el Juez Federal Juan Carlos Vallejos, al ver las pruebas que presentamos, decidió ordenar como medida cautelar que el Ministerio los reincorpore al Potenciar Trabajo por las pruebas que estamos ajuntando.
No solo era mentira los que dijo Milei y lo que dijo la licenciada Sandra Pettovello sino que tambien hay un grave problema, esta gente terminó siendo imputada en una causa federal por el Fiscal Marijuan, la verdad que una cuestión bastante compleja, estamos tratando de organizar para evitar que estas personas se vean afectadas de esta manera por un grupo de funcionarios inmorales, es algo gravísimo», continuó.
«Las personas afectadas tienen tiempo hasta el 23 de febrero para presentarse a reclamar.
Quienes ya han presentado la demanda deberían ser reincorporadas, porue ya está ordenado por el Juez, así que cualquier desobediencia será un desconocimiento de la autoridad del Juez y una violación de sentencia, un delito penal.
En principio el Ministerio ya ha reincorporado a los primeros diez, que fueron los primeros que se presentaron el el primer expediente y entendemos que se van a ir reincorporando los siguientes que se vayan presentando. La verdad que nadie es empleado de la provincia, no se de donde sacaron esa información, ni ellos saben y lo reconocen. No aportaron ninguna prueba de que estaban en incumplimiento. Fue una decisión vergonsoza tomada por gente improvisada y que nos están gobernado personas que no tinenen ni idea de como se hacen las cosas» concluyó.