Esta vez fue WhatsApp y una filtración que, dependiendo de qué nariz se trate, puede oler a venganza o a operación. Lo único cierto es que la diputada nacional Estela Regidor volvió a trascender y no con argumentos que la destaquen como legisladora, con lo cual ahora la política confecciona una factura para hacerle pagar el costo de una monumental torpeza que en los libros se enseña como delito.
Envuelta en el escándalo de los audios que se dispararon el jueves, Regidor Belledone pronunció que ella no cobró aguinaldo, que ayuda a gente “en negro”, que también tiene familia, que sus colaboradores ganan 80.000 pesos, todo en un sobre y unas cuantas cosas más. Incluida la instrucción de cómo hacerse en el día del efectivo que necesitaba a modo de reintegro y la dirección de los cajeros automáticos con su respectiva temperatura ambiente.
De esto la legisladora solo habló a través de un comunicado distribuido 24 horas después de que se gatillaran los archivos con su voz pidiendo retornos de dinero en efectivo del sueldo de los empleados de su despacho.
Cuentan quienes sí lograron franquear su hermetismo, que ella prefirió calificarlo como “una trampa”.
Atribuir semejante enchastre solamente a una trampa condice una gran subestimación a la inteligencia de la opinión pública: si alguien nada entre tiburones es probable que de allí no salga indemne.
Ahora bien, al mordisco representado por las horas de aire y las cantidades de caracteres mediáticos destinados a contar su desgracia, habrá que sumarle la dentellada que le propine -nuevamente- la política.
Porque si con las cualidades que tiene, su partido la ha colocado sucesivamente como candidata a viceintendenta, diputada provincial y nacional, por no mencionar los cargos ejecutivos que desempeñó, es sano que su sector sepa que en lo próximo el electorado no espera verla en una boleta.
Mal que le pese a las expectativas que abrigaba en la trifecta por un sitio cómodo para buscar uno de los cuatro escaños que Corrientes renueva este noviembre en la Cámara presidida por Sergio Massa.
Y a Estela, recuperarse de esta aberración le va a costar más que al promedio. Porque a la evidente falta de habilidad para ese tipo de maniobras, habrá que sumarle que dejó al desnudo una flagrante incapacidad para construir confianza. Por ejemplo, en alguien a quien delegar aquellos trámites que tienen medianera con la turbiedad penable.
Eso justamente es lo que puso una barrera entre el hecho y el dictamen de admoniciones por parte de la clase política.
Absolutamente ningún integrante de la raza parlamentaria o gubernativa, o tan solo partidaria de la vertiente que sea, de la órbita que fuere, salió a repudiar el zafarrancho.
Sencillamente porque esas condenas no son morales. Son políticas y se aplican con silencio.
Y esto es así porque se trata de prácticas naturalizadas en la ingeniería de los cargos. ¿Alguien lo puede negar?
El costo es debido a la torpeza, a la incapacidad para prevenirse de operaciones, a disminuir los riesgos.
Eso la hizo vulnerable y como a ella, a todo su sector. Al punto que debió salir como chijete a tramitar una licencia y a usar la técnica del siempre bien ponderado “estar a disposición de la Justicia” para intentar sacudir con un soplido el barro espeso de los escándalos.
En realidad, lo que escandalizó en los comités, las oficinas y pasillos del poder fue la magnitud que alcanzó la controversia. En hilera y cada uno a su turno, populares dueños del rating metropolitano se desgañitaron en largos minutos para hablar de Regidor.
El Código y el destino
Estela Mercedes es abogada y desde los pupitres de la facultad hasta el trote por el ripio de la profesión, al igual que sus colegas, sabe que las frases que hiló en los audios a los que adjudicó una (magistral) edición son catetos de la geometría que integran las figuras penales que ella misma pidió que le investiguen para medir su eventual grado de responsabilidad en algún delito.
Para algunos letrados se trata de una extorsión, para otros, una exacción ilegal. Ambas conllevan como accesorias sanciones de inhabilitación.